Es el Día Mundial del Ambiente y la agenda legislativa tiene proyectos, que se trabajan desde los distintos bloques, que tienden a la preservación del ambiente, el cuidado y las nuevas políticas públicas con tendencia sustentable respecto de las gestiones administrativas y de diagramación. En un análisis de los asuntos de la comisión que preside el legislador Emmanuel Trentino (FORJA) se desprende la actualidad de los tópicos ambientales en estudio por parte de la Legislatura provincial.
La agenda 2023 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace especial mención a la urgencia de trabajar sobre el uso y reciclado de plásticos, que representa uno de los flagelos en crecimiento que tiene la contaminación en el mundo.
Tierra de Fuego no está alejada de estos temas y problemáticas. Desde la Comisión de Ambiente N° 4 se estudian varios asuntos que buscan generar marcos regulatorios para contrarrestar el uso indiscriminado de plásticos, el cuidado del medioambiente y preservación de los recursos naturales es un tema de debate constante en el Parlamento fueguino
El partido Verde, a través del asunto N° 096/22 busca declarar la Emergencia Climática en la Provincia, este proyecto anticipa en sus fundamentos que en 2019 el Senado de la Nación declaró la emergencia a nivel nacional a través de la Ley N° 27.520, fue el primer país de América latina y el cuarto a nivel mundial en dictar una norma de esta naturaleza.
En los fundamentos, los autores resaltan la necesidad de contar con herramientas legislativas de este tenor. “Se ve agravada esta situación de crisis climática y socio ambiental actual, por las fragilidades inherentes a zonas de ecosistemas subantárticos con riesgo de erosión y retracción de glaciares”. Riesgos de intensificación de “temporadas cálidas que implican mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales en nuestro bosque andino patagónico, como también de desertificación en la estepa y graves impactos por efectos del cambio climático en sistemas ambientales estructurados por el recurso hídrico y los bosques”.
Con una mirada hacia 2050, con una gestión climática de balance de carbono neutral, una reducción significativa de los gases del efecto invernadero.
Además propone un “Plan Provincial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” y la creación de la Comisión Consultiva de Emergencia Climática.
Desde la Unión Cívica Radical, se presentó el asunto N° 132/22 que busca generar presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases post consumo que se comercializan en la Provincia.
Esta propuesta cuenta con un enfoque centrado en el reciclaje, retornabilidad y reutilización de materiales. Argentina ya cuenta con la Ley nacional N° 25.916, que define presupuestos mínimos y proporciona un marco para la operatividad de las actividades de los mismos, “a pesar de ello, rara vez se llevan adelante los procesos de separación de residuos”, manifiestan los Legisladores radicales en los fundamentos del proyecto.
A Ushuaia ingresan 4,7 millones de botellas de vidrio, el 5 por ciento corresponde a botellas de cerveza de 1 litro, que en el resto del país son retornables: “Si consideramos un ingreso similar en Río Grande y Tolhuin, podemos estimar en más de 10 millones de botellas anualmente”.
En la Provincia, los resultados de las estadísticas de Global Data indicaron que se descartan 1 millón de envases de bebidas de todo tipo, una gran cantidad son abandonados en entornos naturales. “Esto perjudica el ambiente y la economía, por los altos costos de limpieza; pero además, el riesgo en la salud de los ecosistemas y los habitantes”, manifiesta el proyecto de gestión de envases post consumo.
La iniciativa prevé la “Responsabilidad Extendida del Productor”, a través de un Sistema de Deposito, Devolución y Retorno (DDR): “El consumidor paga una suma de dinero pequeña y totalmente transparente adicional al precio de venta, una vez devuelto el envase, se devuelve este monto en su totalidad”. Estas acciones han demostrado, a nivel mundial, que con el reciclaje de envases de bebidas se evita la fabricación con material virgen”, se desprende de los fundamentos del proyecto que busca el consenso para convertirse en Ley.
De la misma bancada, presentaron el marco regulatorio “Costas Protegidas” que propone un plan para la protección de los recursos naturales del litoral fueguino. Establece parámetros para el desarrollo sustentable y equilibrado para contribuir al cuidado de la calidad ambiental conjuntamente con el desarrollo de la actividad económica, para asegurar un uso sustentable de los recursos y la protección del patrimonio paisajístico, natural, arqueológico y paleontológico
En los fundamentos, resaltan la necesidad de, “evaluar y ordenar el uso de las costas de la Provincia y las actividades que se desarrollan”. Además buscan contar con un conocimiento acabado de las costas y sus potencialidades para identificarlas y clasificarlas y así poder preservarlas y mitigar el impacto de las actividades desarrolladas por el hombre. Crear el Código de Zonificación para el Uso Sustentable del Espacio Costero Provincial, el asunto N° 133/22 se encuentra en análisis en el marco de la Comisión.
Por su parte, el asunto N° 662/22 propone una Evaluación Estratégica Ambiental de Políticas, Planes y Programas del sector público provincial, con la creación de un “marco normativo”, en consonancia con los lineamientos establecidos a nivel nacional, con la finalidad de promover calidad ambiental y el cumplimiento de los objetivos y metas de Desarrollo Sustentable en los procesos de planificación gubernamental.
La propuesta es del Partido Verde y tiene como propósito facilitar la integración de la dimensión ambiental y sostenibilidad en planes y programas para la mejora ambiental y toma de decisiones estratégicas desde fases tempranas.
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) permitirá conocer e introducir estándares de calidad ambiental a los procesos de planificación gubernamental con nuevos enfoques. Además tiene un tinte preventivo al poder identificar potenciales secuencias económicas, sociales y ambientales. Tiene como característica la participación pública para garantizar la aplicación de la política, programa o producto.
Este proyecto, en caso de ser sancionado, deberá aplicarse a todos los programas y proyectos vinculados con el ambiente y su posible impacto, como el ordenamiento territorial, costas marítimas, uso de medio marino, gestión de residuos, transporte, energía y turismo.
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